Esta organización agraria denunció que un gran número de ayuntamientos y diputaciones provinciales están adelantando hasta en cinco meses el cobro a los agricultores de estos impuestos, que el Gobierno suprimió en un decreto de ayudas contra la sequía, y cuyo desarrollo normativo quedó paralizado por la convocatoria de elecciones.

Este es el caso de la condonación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las fincas rústicas afectadas por la falta de agua. ASAJA asegró que esta acción de los ayuntamientos se realiza conociendo que el decreto aprobado garantiza el ingreso con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, según ASAJA, ayuntamientos y diputaciones también solicitan el cobro de las jornadas teóricas de la Seguridad Social, también suprimido en el decreto de ayudas contra la sequía, y, con carácter general, en un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cámaras.

La organización agraria solicitóal Gobierno que paralice el cobro de estos impuestos, hasta que determine las zonas que quedarán exentas de pago y apruebe el proyecto de ley de supresión de las jornadas teóricas, reivindicación histórica de los agricultores.