Asaja considera que el Gobierno debe "defender la legalidad de sus ayudas y, en caso contrario, asumir el coste" y nunca obligar a los afectados a su posible devolución.

La Comisión Europea consideró esta semana que dos de las ayudas otorgadas por España son "incompatibles" con el derecho comunitario e ilegales, en referencia a la bonificación de préstamos y garantías a los titulares de explotaciones agrarias y a la prórroga de beneficios fiscales para la transmisión de eterminadas fincas rústicas y explotaciones.

Al tratarse de ayudas ilegales, España debe anularlas y recuperarlas de inmediato de los beneficiarios e informar a la Comisión, en el plazo de dos meses, de las medidas adoptadas para ello, ha dicho la Comisión.