La entidad que preside Pedro Barato justifica esta petición en un comunicado por "la preocupante situación que atraviesa el sistema de seguros agrarios, con graves deficiencias de funcionamiento motivadas por el encarecimiento de pólizas, el recorte de coberturas y la subida de franquicias, con el único objetivo de obtener máximos beneficios a corto plazo".

A su juicio, esto está provocando el abandono de la contratación por parte de muchos productores que ya no encuentran en el seguro una herramienta útil para estabilizar sus rentas cuando sufren siniestros en sus explotaciones.

Asaja se queja también de que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), dependiente del ministerio de Agricultura y encargada de elaborar los planes anuales de seguros agrarios, ha perdido protagonismo, y "se ha roto el tradicional modelo de colaboración entre las instituciones implicadas (la propia Enesa, el 'pool' asegurador y las organizaciones agrarias), donde las decisiones se tomaban por consenso y existía una correlación de fuerzas". "Ahora es Agroseguro quien impone, muchas veces de forma unilateral, sus planteamiento de régimen de funcionamiento del sistema", denuncia la organización profesional.

Asaja pone como ejemplo de ese mal funcionamiento la reciente negociación del seguro de cítricos, "cuyo resultado lesiona gravemente los intereses de los agricultores, ya que propone la eliminación de la extensión de garantías para el riesgo de pedrisco y la supresión de la cobertura de daños de calidad por viento en limón".

Agroseguro publicó días atrás su balance de 2021, en el que el seguro agrario suscribió 409.323 pólizas.

El capital asegurado marcó un nuevo máximo histórico (por séptimo año consecutivo) y creció un 2,1%, hasta los 15.590 millones de euros. Esto supone que el valor de la producción agrícola y ganadera protegida por el seguro agrario se ha incrementado en más de 376 millones de euros.