Así lo advirtió en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley para reformar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

A este respecto, estimó que, tras 20 años desde que fue aprobada, la ley “necesitaba de una actualización y de adaptarse a la realidad actual con la consiguiente ampliación de derechos y recogida de nuevas modalidades y prestaciones”.

No obstante, reiteró que la asociación que preside “echa en falta” la “consulta y participación” de “actores clave” en la actualización de esta norma, entre los que citó a sindicatos, trabajadores, patronales y entidades que prestan los servicios.

En este contexto, dijo “sospechar” que la reforma “no resuelve” el “problema fundamental de la dependencia”, que, según su punto de vista, “no es ni más ni menos que una financiación insuficiente”, convencido de que, “sin ello, la nueva ley quedará en papel mojado”.