El proyecto, que todavía deberá ser aprobado por las Cortes regionales, exige también a las empresas de nueva creación un estudio de impacto sobre si su actividad es idónea o no para el ecoistema.

La Junta, según el proyecto, se compromete a subvencionar en algunos casos el 100 por ciento del costo de la auditoría para las empresas ya instaladas en la Comunidad, mientras no asume el de los estudios de impacto de las nuevas.

Este costo añadido para las industrias interesadas en instalarse en el ámbito de la comunidad autónoma ha sido interpretado por algunos sectores y partidos de la oposición como un desincentivo, precisamente cuando se ha puesto en marcha un plan de industrializacón para el desarrollo de la región.

Además, el PSOE ha acusado al Consejero de Medio Ambiente de la JUnta, Francisco Jambrina, de ser un "títere" de las empresas, ya que a petición de éstas aumentó el número de años que inicialmente se contemplaban como tope para someterse a la evaluación de impacto.

Por su parte, Jambrina defendió la iniciativa con el argumento de que "será un instrumento de control de los daños causados al medios ambiente en la región" y calificó el proyecto de "ley del diálogo por las negociaciones previas llevadas a cabo con todos los sectores afectados".