Montero, que pronunció en la Facultad de Derecho de Granada la conferencia inaugural de las jornadas sobre "Problemas actuales de la justicia penal", agregó que en un sstema de libertades es impropia la presentación de este tipo de denuncias.

Sin embargo, matizó que si estas denuncias "tienen visos de credibilidad o veracidad sí tienen el valor suficiente como para iniciar un procedimiento judicial, siempre a través del Ministerio Fiscal".

Aunque no quiso referirse a casos concretos, apuntó que ciertas denuncias anónimas, como la que dio lugar al "caso Ollero", sobre el pago de supuestas comisiones a cambio de concesiones de obras en Andalucía, pueden partir de"funcionarios que tienen miedo de cualquier tipo de represalias".

El ponente aconsejó a los ciudadanos que presenten denuncias "con nombres y apellidos del denunciante", ya que el anonimato sólo se comprende en regímenes "donde las posibilidades políticas o sociales sean de una situación de falta de libertad que obligue al denunciante a que presente denuncias anónimas".

Agregó que la denuncia anónima ha sido siempre propia de regímenes "absolutistas y dictatoriales", si bien también puede darse e caso de que quien denuncia "no tenga el valor suficiente para dar la cara".