EL ARZOBISPO DE TOLEDO PIDE AL GOBIERNO RESPETO A LA LIBERTAD RELIGIOSA
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El arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, pidió hoy al Gobierno respeto a la libertad de enseñanza religiosa y a los centros concertados católicos.
En la inauguración de la Asamblea de la patronal de colegios católicos FERE-CECA, Cañizares afirmó que la libertad religiosa está indisolublemente unida a todos los derechos y libertades, y la Administración pública "debe ser respetuosa con la condición humana y no anular la iniciativa prioritaria de las personas, uno de los logros de la Constitución española".
A su entender, la enseñanza en sociedades libres y democráticas "no puede ser monopolio estatal", porque el bien común demanda el sostenimiento de centros de iniciativa privada y el respeto al proyecto propio, ya que prestan el mismo servicio a la sociedad.
"Los recursos del Estado son limitados", admitió, "pero el mismo derecho a subsistencia tienen los centros públicos que los de iniciativa social. La legislación, por tanto, habrá de reconocer y garantizar los centros concertados".
Durante la primera jornada de la asamblea de FERE-CECA, el secretario general del Ministerio de Educación, Alejandro Tiana, explicó los principios sobre los que se basa la reforma legislativa que ha anunciado su departamento.
Aseguró que en el Ministerio de Educación "no hay ninguna maniobra más o menos oculta o taimada para acabar con la escuela concertada".
No obstante, advirtió, la libertad de elección de centro educativo es un derecho reconocido pero no absoluto que está matizado por algunos condicionantes.
Alejandro Tiana señaló que los centros concertados comparten la tarea de asumir las dificultades a las que se enfrenta el sistema educativo y que si hay excepciones a esta norma, las hay tanto en centros públicos como concertados.
Tiana concluyó su intervención repasando el calendario para la aprobación de la reforma educativa. "Nuestra intención es presentar el anteproyecto de ley en marzo. En mayo o junio podría tener todos los informes (de los consejeros autonómicos, del Consejo Escolar, de la mesa sectorial, del Consejo de Estado, etc.) y podría ser informado el Gobierno para su tramitación parlamentaria antes de final de año. En 2006 iría entrando en vigor".
(SERVIMEDIA)
18 Feb 2005
JRN