En declaraciones a Servimedia, el portavoz de JpD, José Antonio Alonso, se preguntó si el presidente del PNV "querrá excluir también de la convivencia del País Vasco al 70 por ciento de la poblaión vasca que no habla el euskera". A su juicio, "no se puede caer en la locura de la utilización del idioma como arma política".

Para el presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, Arzalluz ha puesto a los jueces en "una peligrosa situación" y señaló que si las amenazas son de por sí deporables cuando proceden de una persona con responsabilidades públicas, lo son aún más cuando las pronuncia un personaje político de una región habitualmente elegida por ETA para sus crímenes.

Tras decir a Servmedia que Arzalluz "no es nadie para echar a ningún español de un trozo del territorio de España", el presidente de la APM recordó al dirigente del PNV que la función de juzgar es propia de la soberanía del Estado y que España está sometida a una unidad jurisdiccional que no se puede romper.

Por otro lado, la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, María Tardón, calificó, en declaraciones a Servimedia, de "estupidez" las declaraciones de Arzalluz.

Las tres asociaciones judiciales coincidiron en señalar que el castellano y el euskera son lenguas cooficiales, según la Constitución Española, y que el conocimiento de una lengua autonómica es sólo un factor recomendable para el mejor ejercicio de la función jurisdiccional, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sólo establece el uso obligatorio del castellano en las actuaciones judiciales.