En declarciones a Servimedia, Rodríguez Arribas señaló que si las amenazas son de por sí deporables cuando proceden de una persona con responsabilidades públicas, lo son aún más cuando las pronuncia un personaje político de una región habitualmente elegida por ETA para sus crímenes.

Tras decir que Arzalluz "no es nadie para echar a ningún español de un trozo del territorio de España", el presidente de la APM recordó al dirigente del PNV que la función de juzgar es propia de la soberanía del Estado y no puede etar sometida a ninguna clase de discusión.

"Los jueces, como ostentadores del Poder Judicial, pueden ejercer su función en cualquier parte del territorio español sin que se les pueda impedir ese ejercicio, ni siquiera en base al conocimiento de un idioma autonómico", dijo.

Rodríguez Arribas agregó, no obstante, que puede resultar conveniente que los jueces conozcan la lengua de la comunidad autónoma en la que ejercen su jurisdicción, algo que se resolvería facilitando a los magistrados los instruentos necesarios para el aprendizaje del idioma.