La reunión comenzará a las cinco de la tarde en la Sala Internacional de la Cámara Baja y en ella los 39 parlamentarios catalanes y los miembros de la Comisión Constitucional nombrarán a los ponentes, once de cada Parlamento, que negociarán el texto a puerta cerrada.

La ponencia debe tener listo su dictamen antes del día 10 de marzo o de lo contrario el Estatuto podría decaer automáticamente, argumento por el que todos los grupos, salvo el PP, rechazaron la propuesta de esta formación de que una treintena de expertos juristas comparecieran para informar de la constitucionalidad del texto.

En este periodo, el PSOE tratará de ampliar el acuerdo que el Gobierno ya alcanzó con CiU y con IU-ICV, aunque queda poco margen de maniobra para ganarse el respaldo de ERC, especialmente en materia de financiación, según indicaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

El capítulo de competencias, en el que para la formación independentista quedan asuntos que concretar y otros en los que denuncian que el PSOE se ha echado atrás respecto al pacto con el líder de CiU, Artur Mas, en La Moncloa, es el que ofrece más posibilidades de avance.

La gestión de los puertos y aeropuertos, o las inversiones del Estado en Cataluña, materia en la que Esquerra reclama una cláusula que garantice la financiación de las infraestructuras comprpmetidas, son otras de las materias en las que insiste el partido que preside Josep Lluís Carod-Rovira.

En cuanto a la definición de Cataluña, aunque el PSOE tiene claro que el término "nación" quedará sólo en el preámbulo, ICV propone una solución intermedia como hacer referencia al preámbulo en el artículo 1, que habla de "nacionalidad", con el fin de vincular ambos conceptos.