Los arquitectos justifican esta petición afirmando que es preciso establecer primero las responsabilidades de todos los agentes que intervienen en el proceso de l construcción, porque ello permitiría afrontar una mejor regulación y modernización del ejercicio profesional.

La Junta General del COAM, a la que asistieron unos mil arquitectos, decidió también que la Junta de Gobierno del colegio inicie contactos con la Comunidad Europea para explicar cuál es la situación de la arquitectura en España y el rechazo de los profesionales al proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros.

A juicio del COAM, la reforma se inspira en un informe "sesgado" e insólito" elaborado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y sitúa a los distintos profesionales y sus organizaciones en el mismo grupo, sin atender las especificidades de cada uno.

Además, el colegio estima que, "lejos de alcanzar objetivos de abaratamiento, competitividad y transparencia", la citada reforma "va a suponer un encarecimiento formal y social, va a generar servidumbres e imperativos económicos y suponer opacidad fiscal, por lo que los resultados de su aplicación serán perjudicialespara la sociedad en general y supondrá beneficios para los sectores más poderosos de la economía española".

Para el COAM, el proyecto del Gobierno constituye "un ataque demoledor a la propia existencia de los colegios profesionales", por lo que no renuncia a acudir al Tribunal Constitucional y a instancias europeas.