Lo hizo después de que los 350 diputados que compondrán el Congreso en la XV Legislatura acataran la Constitución con fórmulas tradicionales, como la promesa utilizada por los socialistas, o el juramento, empleado por la mayoría de los miembros del Grupo Parlamentario Popular (el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, prefirió la promesa), o con herramientas más elaboradas, como aquellas a las que recurrieron los grupos nacionalistas e independentistas e incluso algunos miembros de Sumar.

En ese sentido, cabe destacar que los diputados de Junts acataron la Constitución con la siguiente máxima en catalán: “Con lealtad al pueblo de Cataluña y al mandato del 1 de octubre, me comprometo con la defensa de todos los represaliados y exiliados, por imperativo legal, prometo”.

ERC, por su parte, prefirió hacerlo, también en catalán, “por imperativo legal, y hasta la consecución de la República Catalana, sí prometo”; mientras que Néstor Rego (BNG) -en este caso, en gallego- lo hizo así: “En el día de Galicia mártir, y en memoria de Alexandre Bóveda, me comprometo a defender el pueblo gallego y la soberanía de Galicia. Y, por imperativo legal, sí prometo”.

Del mismo modo, los diputados de EH Bildu prefirieron hacerlo por “imperativo legal” recurriendo al euskera y al castellano; mientras que los miembros de Sumar usaron diversas fórmulas, destacando la de los representantes de Podemos que, con su secretaria general y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, se conjuraron a “seguir transformando nuestro país con valentía”.

Ante esta situación, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, pidió la palabra para pedir la revisión de todos los acatamientos que se habían salido, desde su punto de vista, de la norma (cabe recordar que los miembros de su formación utilizaron la siguiente fórmula: “Por España, sí, juro”) apoyándose en los artículos 4, 20 y 32 del Reglamento del Congreso y en diversas sentencias de la Constitución. También lo pidió amparándose en el hecho de que, al haber sido formuladas en catalán o euskera, “y muchos diputados no sabemos esos idiomas, desconocemos si han acatado o atacado” la Carta Magna.

Por su parte, Cuca Gamarra, del PP, reconoció “la flexibilidad del Reglamento” en cuanto al acatamiento, pero manifestó que lo sucedido en el Congreso “excede” la cortesía y “desnaturaliza y vicia” dicho acatamiento.

Por ello, y apoyándose en los mismos elementos jurídicos que la portavoz de Vox, pidió la revisión de los acatamientos y fue más allá al avanzar que su partido “se reserva cuantas acciones legales sean oportunas”.

Luego de escuchar estos argumentos, Francina Armengol decidió dar por buenos los acatamientos de los 350 diputados apoyándose en el artículo 4 del Reglamento de la Cámara, la Resolución de la Presidencia del Congreso de 30 de noviembre de 1989, la doctrina de la Junta Electoral Central y la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de este año que avala las fórmulas añadidas al “juro” o “prometo” en el acatamiento de la Constitución por los diputados electos.