El borrador del código establece, asímismo, que los gobiernos deben informar a la UE cuando concedan licencias de exportación de armas a países a los cuales otros estados se han negado exportar armamento.

Por otra parte, los riterios para vetar o no la venta de armas a países que vulneran los derechos humanos, han sido tachados de ambigüos por asociaciones pacifistas como Amnistía Internacional, Oxfam, Christian Aid y Safeworld, que consideran que el código no será efectivo si no hay un control por parte de los parlamentos.

Respecto a su aplicación y grado de imposición, existen discrepancias entre los distintos estados. Mientras unos piden que impique una "posición conjunta", una de las formas más severas de legislación xterior comunitaria, otros prefieren que se limite a una declaración no obligatoria, como es el caso del Reino Unido.