Según fuentes populares consultadas por Servimedia, Rodríguez, hombre de confianza de Aznar, mantiene su intención de ajercer el control político obre el desarrollo de las telecomunicaciones en España, y en concreto, sobre el contenido del reglemento de cable que aún está pendiente, mientras que en Fomento señalan que se trata de una infraestructura estratégica para el futuro del país que debe permanecer en el departamento de Arias Salgado.

El contencioso, según las mismas fuentes, no es ajeno al interés de CiU de ejercer cierto control sobre el esquema que han de tener las telecomunicaciones en España, tanto en el sector del cable como para eldiseño del segundo operador nacional, para el que se han dado algunos pasos con el fin de articularlo en torno a Optel, filial del ente público Retevisión.

Desde Presidencia se ha planteado la posibilidad de hacer un reparto de competencias entre ambos departamentos, de manera que las decisiones políticas dependan directamente de la secretaría de Estado de Comunicación, mientras que el desarrollo técnico del sector sería competencia de Fomento, en el que se crearía una secretaría general técnica.

Este esbozo no ha satisfecho ni al ministro de Fomento ni a los regulados, es decir, las empresas del sector, que preparan un documento para remitirlo a Arias Salgado en cuanto éste defina el 'staff' del ministerio, en el que abogan por una simplificación legal y administrativa del sector, piden urgentemente un ente regulador independiente de la Administración, y abogan por la máxima liberalización posible.

Paralelamente a este contencioso, se mantiene la incertiodumbre en torno al nombramiento de preidente de Telefónica, cargo en el que se da por segura la sustitución de Cándido Velázquez.

Para ello, desde el entorno de CiU, y más concretamente de la Consejería de Industria de la Generalitat, se ha planteado el nombre de Antonio Massanell, actual miembro del consejo de administración de Telefónica.

Frente a él, se esgrime desde el PP la eterna candidatura de Rodolfo Martín Villa; el presidente de Alcatel Standard, Miguel Angel Canalejo y más recientemente Luis Gámir, que estaría encontrando ificultades para ocuparse de la SEPI, por las objeciones planteadas por CiU y Josep Piqué, Ministro de Industria.