Según explicó el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ley "preve cómo se reparten las responsabilidades entre los distintos agents que intervienen en la producción de la vivienda y, al mismo tiempo, mecanismos de protección para el ciudadano" que la adquiere.

Uno de esos mecanismos será el seguro, que supondrá "un ligero coste que, en parte, se repercutirá sobre el precio de la vivienda" pero de forma "mínima", según los estudios del propio Ministerio de Fomento.

Arias Salgado defendió el anteproyecto argumentando que los países desarrollados "se caracterizan por tener buenos sistemas de garantías y fáciles sistemas de exiencia de responsabilidades", tanto en el sector público como en el privado.

Aunque España es un país desarrollado, el ministro consideró que no tiene "bien establecido un sistema de garantías para un producto de primera necesidad como es la vivienda", por lo que es necesario arbitrar un mecanismo que garantice unas debidas condiciones.

Por tanto, el problema "no se puede plantear sólo en términos de coste económico", sino fundamentalmente en términos de coste social, agregó.