Según Arias Cañete, "el Gobierno tendría que rectificar, derogar inmediatamente la normativa aprobada, que contradice el Derecho comunitario, y cumplir con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea".

Además, advirtió al Gobierno de que, si sigue adelante, está abocado a un contencioso ante los tribunales comunitarios que perderá y, "en todo caso, con su actuación ha dañado y sigue dañando la imagen de España en el exterior".