En su escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, Garzón reprocha la actuación de la Fiscalía que dirige Eduardo Fungariño y tacha sus paticipaciones en este sumario de "arrogantes" y "vacías".

La Fiscalía presentó un escrito de apelación contra la decisión de Garzón de continuar con el procedimiento, a pesar de que la Fiscalía le había comunicado, al menos en nueve ocasiones, que la justicia española no tenía jurisprudencia para juzgar estos hechos.

Garzón dice que el escrito de la Fiscalía, firmado por el fiscal Ignacio Peláez, "es no sólo sorprendentemente arrogante (...) sino que además se otorga una especie de don de la infalbilidad, al excluir la posibilidad de que la posición del Ministerio Fiscal, aún guiada de la mejor intención, pueda estar equivocada".

Acusa al fiscal de haber participado "tan sólo en dos o tres ocasiones en las diligencias de este sumario que en la actualidad tiene más de 15.869 folios", por lo que sus afirmaciones son "probablemente por falta de un conocimiento directo de la causa".

El juez asegura que el fiscal "se equivoca nuevamente" cuando afirma que la pieza separada que instruye bajo elnombre de "operación Cóndor" procede de testimonios recogidos en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (cuyo titular es Manuel García-Castellón), cuando esta operación "en ningún momento ha sido objeto de investigación" en ese juzgado.

DISCURSO LIMITADO Y DESENFOCADO

Garzón califica de "bastante limitado y desenfocado" el intento del fiscal de mencionar las doctrinas de Marx, Engels y Lenin para explicar que la ideología marxista no es un grupo religioso y de ahí derivar que no hay genocidio n el caso de las torturas cometidas por los represores de la dictadura argentina.

Para el juez, esto "ni siquiera merece ser contraargumentado porque la propia exposición del razonamiento es lo suficientemente vacía para justificar ulteriores argumentos. Nuevamente se elude por el señor fiscal combatir las razones de fondo que se convierten en las resoluciones impugnadas", insiste.

Con esta base argumental, Garzón ha acordado elevar a la Sala de lo Penal todo el sumario, respondiendo al recurso iterpuesto por el fiscal, por lo que será ahora la máxima autoridad de la Audiencia Nacional la que decida si la justicia española tiene o no competencia para juzgar los hechos a los que se refiere este sumario: la desaparición de varias decenas de ciudadanos españoles durante la dictadura militar argentina.