Francisco Pérez, que se muestra "horrorizado" por las declaraciones del militar argentino Aspiz confesando las matanzas de personas durante la dictadura argentina, ve un grave error jurídico en las manifestaciones del fiscal general del Estado, Jesus Cardenal, quien señaló que los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar los asesinatos de españoles ocurridos durante esa etapa en Argentina.

Según el coodinador de esta secretaría "el argumento que esgrie Jesús Cardenal al decir que la Ley Orgánica del Poder Judical del año 85 impide su retroactividad para juzgar crímenes anteriores a este año, es totalmente erróneo, ya que si bien es cierto que impide su retroactividad en leyes penales, la Ley del Poder Judicial que es la que da competencia a un caso, es una ley procesal que sí tiene retroactividad".

Además Francisco Pérez indicó que desde el punto de vista del derecho internacional, "los tratados internacionales de derechos humanos que España firma son de obligado cumplimiento para nuestro país, y según una norma básica del derecho, adoptados por el derecho penal español".

España firmó y ratificó la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Penales y la Convención contra el Genocidio por lo que según Francisco Pérez "estos tres tratados, que son los que regulan la Legislación Internacional en Derechos Humanos, obliga a la justicia española a investigar a fondo los asesinatos de españoles en territorio chileno y rgentino".