No obstante, tanto la compañía española Telefónica como Telecom están exentos del pago de ese impuesto, debido a la vieja ley de telecomunicaciones de 1972 que eximió a Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) de su pago.

En caso de que el Senado apruebe esta nueva tasa, el Gobierno de Eduardo Duhalde prevé ingresar, sobre la base de facturación del asado ejercicio, alrededor de 150 millones de dólares (135 millones de euros).

La ley establece que las operadoras de telefonía no podrán trasladar ese impuesto a los usuarios del servicio, si bien las empresas argumentan que los contratos de la privatización de Entel permiten compensar cualquier nuevo gravamen en las tarifas.

Mientras tanto, empleados de Telefónica denunciaron ayer ante el Ministerio de Trabajo argentino que la empresa comenzó a aplicar un plan de suspensiones de empleo, que alcnza a 800 empleados durante un año, "con la excusa de que bajaron las tarifas telefónicas y que se atraviesa un proceso de crisis".