Según explicó el jefe de gabinetedel presidente Néstor Kirchner al diario argentino "La Nación", la revisión de las tarifas de las concesiones de infraestructuras, congeladas desde 2002, está a cargo de la Unidad de Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que comenzó a reunirse con representantes de las empresas eléctricas y gasistas a principios del pasado mes de diciembre.

Así, antes de definir si aprobará una subida de las tarifas, el Gobierno argentino está estudiando, a través de la Uniren, el nivel de cumlimiento de los contratos por parte de las empresas, entre las que se encuentran varias compañías españolas, como Repsol, Telefónica, Endesa o Aguas de Barcelona.

El comité bilateral hispano-argentino se reunió el pasado mes de noviembre para "normalizar" las relaciones institucionales entre ambos países, así como para "limar las asperezas" que mantienen el Gobierno del país austral y el empresariado español en esta materia.

Las compañías españolas solicitan garantías jurídicas a Kirchner para cotinuar invirtiendo en Argentina, que aseguren el mantenimiento de los contratos firmados. Las empresas consideran necesario acometer una subida tarifaria en los servicios básicos, como el agua, la luz o el teléfono, con el objeto de salvar sus cuentas de resultados en las actividades que desarrollan en la región.