Los magistrados rechazan así las cuestiones de previo ponunciamiento que había planteado el fiscal del caso, Pedro Rubira, y a las que se había adherido la defensa del propio Scilingo, tras el auto por el que la sala decretó, el pasado 27 de junio, la apertura de juicio oral contra Scilingo por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Las cuestiones de previo pronunciamiento se presentan antes de la celebración del juicio oral y hacen referencia a la posible vulneración de los derechos fundamentales de los procesados, así como a los aspectos técnicos rregulares que hubieran podido producirse durante la tramitación de la causa.

En una resolución hecha pública hoy, los magistrados califican de "artificiales y forzados" los argumentos esgrimidos por la fiscalía para defender la falta de competencia de los tribunales españoles.

En este sentido, reitera el auto por el que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló el interés legítimo de la justicia española para investigar el genocidio de la dictadura argentina. "España tiene jurisdicción ara conocer de los hechos, derivada del principio de persecución universal de determinados delitos (...) acogida por nuestra legislación interna", subrayaba aquella resolución.

Ahora, los magistrados añaden también que "el interés nacional se produce por el mero hecho de que existan víctimas de nacionalidad española, lo que resulta innegable".

Asimismo, insiste en que el hecho de que haya víctimas españolas faculta a los tribunales de nuestro país para perseguir los delitos que se investigan en ete caso, "aún cuando se hayan cometido en el extranjero", en virtud del principio de persecución universal de este tipo de crímenes.

NADA NUEVO

Los magistrados, que recalcan la "falta de argumentos novedosos" por parte de la Fiscalía, rechaza la tesis de que en Argentina existen causas abiertas que se refieren a los mismos hechos que se pretenden juzgar en España.

"Se refieren a distintos delitos (secuestros de menores, violaciones o delitos contra el patrimonio), que sí son perseguibles en Argntina, al no ser abarcados por las indicadas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida propiciadoras de la impunidad", corrigen los jueces de la Audiencia Nacional.

Además, añaden que no consta que Scilingo se encuentre encausado en Argentina por los mismos hechos, ni consta que pretenda ser juzgado en dicho país por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Agregan que tampoco se ha pedido su extradición para tal fin.

Asimismo, no están de acuerdo en que los delitos que se persiguen en estecaso hayan prescrito. De esta manera, los magistrados rechazan las cuestiones de previo pronunciamiento planteadas por el fiscal y abre el plazo para que las partes presenten sus respectivos escritos de calificación.

Sin embargo, este decisión no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Eduardo Fungairiño, ya lo ha presentado.

En su recurso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional alega de nuevoque España no es competente para llevar el caso, que los hechos que se investigan son cosa juzgada, que los delitos han prescrito y que se dan las circunstancia de amnistía y de indulto.

Scilingo se encuentra procesado, desde noviembre de 1999, por el asesinato de 28 personas en los denominados "vuelos de la muerte", en los que se arrojaban prisioneros desnudos y sedados desde un avión al mar de La Plata.

INICIO

Este caso comenzó en 1997, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Catellón admitió a trámite la querella presentada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido durante la dictadura, concretamente por la desaparición asesinato de 4.000 personas.

Posteriormente, en 1998, Garzón se hizo cargo del caso, después de que García Castellón decidiera abandonar la investigación e inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, uien investigaba las desapariciones y asesinatos perpetrados en la dictadura de Argentina. Ambas causas se unificaron al tener nexos comunes, como la denominada "Operación Cóndor".