IU y la UPF creen que el juez cumple con su deber al perseguir al que considera responsable de esas desapariciones durante la dictadura argentina y sostienen que su actuación está avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Trtado Bilateral de Asistencia Jurídica y Auxilio Judicial en Materia Penal, firmado entre España y Argentina en 1987.

Miguel Miravert, el portavoz de la UPF, declaró hoy a Servimedia que la legislación española, ante los delitos de genocidio y terrorismo, prevé la extraterritorialidad de la justicia española, siempre que las víctimas sean de nuestro país.

"DESPROPOSITO JURIDICO"

Por su parte, el abogado de IU en el caso de los desaparecidos españoles en Argentina durante la dictadura militar, Anel García Castillejo, explicó a esta agencia que Galtieri no fue juzgado por la desaparición de los miembros de la familia Labrador, por lo que no le protege la amnistía concedida por el presidente de la República Argentina, Carlos Menem.

García Castillejo, para quien las manifestaciones de di Tella son un "despropósito diplomático y jurídico y carecen de todo rigor", calificó de "intolerable" que los responsables de las miles de desapariciones y muertes acaecidas durante la dictadura militar argentin continúen en libertad.

El abogado de IU aseguró que tanto la legislación internacional sobre derechos humanos como las diversas resoluciones de las Naciones Unidas avalan la competencia de la jurisdicción española, y se mostró convencido de que hay indicios suficientes para imputar a Galtieri la responsabilidad directa de la desaparición de la familia Labrador.

"La locura no es de Garzón, si acaso, la que se cometió durante la dictadura militar argentina, y que esa locura continúe con la actituddel Gobierno de ese país, que mantiene la impunidad de estos criminales", agregó.