De las 186 personas que estaban imputadas en el caso, Garzón procesa a 98, a las que acusa de los delitos de genocidio, torturas, asesinatos, apropiación de menores, secuestro, desaparición y violación, entre otros.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordena la busca y captura internacional de los 98 procesados, en "caso de ser habidos en cualquier país del mundo a efectos de extradiión".

Además, Garzón ratifica la prisión provisional incondicional de 10 personas, entre las que se encuentra el militar Leopoldo Fortunato Galtieri y Emilio Eduardo Massera. Asimismo, decreta la prisión provisional incondicional y comunicada para otras 87, entre las que se encuentra Jorge Rafael Videla.

Por otra parte, ordena la libertad provisional para Adolfo Francisco Scilingo, a quien a acusa del asesinato de 28 personas en los denominados "vuelos de la muerte", entre otros delitos.

A Eilio Eduardo Massera le procesa por el secuestro y torturas de 306 personas, la desaparición de otras 212 y la "apropiación" de 13 niños.

Garzón decreta también el embargo de bienes de cada uno de los procesados para que puedan hacerse efectivas las fianzas por responsabilidad civil, en caso de no ser pagadas por implicados.

El juez Garzón inició las investigaciones de este caso a raíz de la denuncia presentada en su día por la Unión Progresista de Fiscales. En la causa se personaron posteriormene Izquierda Unida, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización de Solidaridad para Asia, Africa y América Latina.