Entre los que pesa esta orden dictada por Garzón se encuentran Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Leopoldo Fortunato Galtieri, miembros de la Junta Militar.

El juez Garzón inició las investigaciones de este caso a raíz de la denuncia presentada en su día por la Unión Progresista de Fiscales. En la causa se personaron posteriormente Izquierda Unida, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización de Solidridad para Asia, Africa y América Latina.