Para el departamento de Fungairiño, el hecho de que en Argentina se derogue el decreto que impedía la extradición de militares responsables en la dictadura argentina no añade nada nuevo al caso que investiga Garzón.

En este sentido, las mismas fuentes añadieron que el tratado hispano-argentino preve la entrega extradicional. "Otra cosa es que esa entrega pueda hacerse por delitos cometidos en el propio país", añadieron, y exlicaron que España no entregaría a un cuidadano suyo para que fuese juzgado en Argentina por un delito cometido en nuestro territorio.

Asimismo, añadieron que "España no va a tener más jurisdicción" por mucho que se deroguen leyes en Argentina, cuyo Congreso estudia los primeros pasos para abolir las denominadas "leyes de impunidad".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional siempre ha defendido que España no es competente para conocer de los delitos cometidos por ciudadanos no españoles, fuera de nuetro territorio nacional, durante las dictaduras de Argentina y Chile. Además, defiende que los delitos que se investigan han prescrito y que los hechos que se tratan de esclarecer son "cosa juzgada".

La mayoría de los ex militares buscados y reclamado por el juez Garzón se encuentran ya apresados por las autoridades argentinas. Según las mismas fuentes, se corre el riesgo de que sean extraditados y tengan que ser puestos en libertad porque se concluya que no pueden ser juzgados en España.

BUSCA Y CATURA

Fue a principios de este mes de julio cuando el juez Garzón ratificó la orden de búsqueda y captura internacional que dictó el 30 de diciembre de 1999 contra 48 de los 98 militares argentinos a los que procesó un mes antes por la desaparición de españoles durante la citada dictadura (1976-1983)

Además, Garzón el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional fijó en 2.648.305.000 euros la responsabilidad civil en este caso, el caso de los desaparecidos españolesdurante la dictadura argentina.

Este caso comenzó en 1997, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió a trámite la querella presentada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Augusto Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido durante la dictadura, concretamente, por la desaparición y asesinato de 4.000 personas.

Posteriormente, en 1998, Garzón se hizo cargo del caso, después de queGarcía Castellón decidiera abandonar la investigación e inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien investigaba las desapariciones y asesinatos perpetrados en la dictadura de Argentina. Ambas causas se unificaron al tener nexos comunes, como la denominada "Operación Cóndor".