El departamento dirigido por Eduardo Fungairiño ampara su recurso en la falta de competencia de la jurisdicción española para conocer de estos hechos.

El recurso de la Fiscalía se hace público el mismo día en que el juez Baltasar Garzón, encargado del caso, ha tomado declaración a dos testigos: Marcelo Camilo Hernández y Federico Gómez.

Marcelo Camilo relató al juez cómo fue seuestrado por miembros de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en enero de 1977 y estuvo raptado y sometido a torturas durante dos años. Relacionó a Cavallo con su experiencia.

Por su parte, Federico Gómez quiso explicar a Garzón cómo Cavallo y otros ex militares se hicieron con el patrimonio empresarial de su padre, para lo que aportó diversa documentación.

Este caso comenzó en 1997, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió a trámite la querella presentada por laUnión Progresista de Fiscales (UPF) contra Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido durante la dictadura, concretamente por la desaparición asesinato de 4.000 personas.

Posteriormente, en 1998, Garzón se hizo cargo del caso, después de que García Castellón decidiera abandonar la investigación e inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien investigaba las desapariciones y asesinatos perperados en la dictadura de Argentina. Ambas causas se unificaron al tener nexos comunes, como la denominada "Operación Cóndor".