La organización de derechos humanos ha recogido con satisfacció la decisión tomada por la Cámara de los Diputados y aprobada por el Senado argentino de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocidas también como leyes de amnistía.

Estas leyes han impedido la investigación de millares de casos de abuso contra los derechos humanos ocurridos durante el período de gobierno militar de 1976 a 1983.

Según la organización, la lucha contra la impunidad en Argentina está aún pendiente de que la Corte Suprema de dicho país se decida sobre la constitucioalidad de las leyes de amnistía tras el fallo reciente de otros tribunales del país que las han declarado nulas e inconstitucionales.

Por ello, AI recomienda al Gobierno español que se tramiten las extradiciones necesarias para garantizar que los presuntos responsables de dichos crímenes sean juzgados, o bien en España, o bien en Argentina, una vez que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre la revocación de las leyes de amnistía.