Slepoy hizo estas declaraciones a Servimedia después de que Fungairiño haya manifestado que "sería ridículo" que los militares quedaran en libertad tras su extradición a España.

"Lejos de defender la legalidad y los intereses públicos como le correspondería como fiscal, lo que está haciendo es tratar de detener un proceso judicial que es un ejemplo en el mundo y que ha inagurado una nueva época en el derecho internaconal de los derechos humanos", dijo.

En su opinión, "no hay ningún motivo para pensar que si son extraditados estas personas van a ser declaradas en libertad o se van a ver libradas del juicio".

Slepoy aseguró que en realidad lo que Fungairiño pretende con estas palabras es "rebelarse una y otra vez contra una decisión adoptada por unanimidad por los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del famoso pleno del 4 de noviembre de 1998 cuando declaró la competencia y la jurisdicción epañola para investigar los hechos y juzgar a sus responsables".

"Fungairiño mantiene una actitud inédita en la historia judicial española y probablemente en la historia judicial del mundo. Resulta inconcebible que siga realizando este tipo de declaraciones que lo único que pretenden es darle aire a los genocidas y crear la zozobra e inquietud en las víctimas de forma absolutamente infundada", concluyó el abogado de la acusación particular.