El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en sustitución de su colega Baltasar Garzón, pidió a las partes un informe sobre la conveniencia de solicitar la extradiciónde 26 de los 42 detenidos.

El hecho de que no se haya preguntado por la extradición de los 46 ex militares se debe a que las detenciones tuvieron lugar entre el 24 y el 26 de julio y por bloques, de modo que en la Audiencia Nacional sólo se tiene constancia de los primeros 26 arrestos.

Para los abogados de la acusación particular, se cumplen todos los requisitos para la extradición de estos 26 ex militares, dado que están procesados, concurre el mínimo punitivo y España es competente para llevar l caso.

Fue a principios de este mes de julio cuando el juez Garzón ratificó la orden de búsqueda y captura internacional que dictó el 30 de diciembre de 1999 contra 48 de los 98 militares argentinos a los que procesó un mes antes por la desaparición de españoles durante la dictadura (1976-1983)

A finales del pasado mes de julio, el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogó el decreto que impedía desde el año 2001 la extradición a países terceros de represores de la dictadura militar.

Ese caso comenzó en 1997, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió a trámite la querella presentada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido durante la dictadura, concretamente por la desaparición o asesinato de unas 4.000 personas.

Posteriormente, en 1998, Garzón se hizo cargo del caso, después de que García Castellón decidiera abandonar la invstigación e inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investigaba las desapariciones y asesinatos perpetrados en la dictadura argentina. Ambas causas se unificaron al tener nexos comunes, como la denominada "Operación Cóndor".