Ahora corresponderá a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijar la fecha del juicio oral que se celebrará contra Conde, el ex director general de Banesto Fernando Garro y contra Lorenzo Pericats, para los que el fiscal solicitó siete años de cárcel como autores de los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad.

Conde fue acusado por l fiscal del caso de haberse apropiado de 600 millones de pesetas de Banesto utilizando para ello una factura falsa de la sociedad Argentia Trust, mientras que consideró que Garro y Pericats se quedaron con 2 cheques de 22.400.000 millones de pesetas que la entidad emitió a favor de la empresa "Publitax Publicidad" por un estudio que realmente no fue realizado.

La instrucción del 'caso Argentia Trust' estuvo plagada de incidentes, fundamentalmente desde que el fiscal presentó al juez Moreiras su escrio de acusación el pasado 10 de octubre, en el que le pidió que tomase medidas personales contra los imputados, que no precisó.

Esta solicitud del fiscal motivó que el magistrado dictase al día siguiente orden de ingreso en prisión contra Conde al que, sin embargo, tras tomarle declaración sin presencia del fiscal ni de las partes, dejó en libertad pocas horas después, lo que también hizo posteriormente con los otros dos imputados.

El juez pretendió además inculpar en el caso al intermediario Antoio Navalón, a Juan Belloso y José Antonio Xercavins y retirar la acusación de apropiación indebida a Conde y los delitos que el fiscal imputó a Garro.

Moreiras explicó días más tarde en una entrevista al diario "ABC" que su decisión de poner en libertad en Conde se debió a que éste le convenció de que no se había quedado con los 600 millones de pesetas, sino que se los había entregado a Antonio Navalón para pagar al PSOE a cambio de exenciones fiscales para la Corporación Banesto.

Estas declaracines provocaron que Navalón, que había sido imputado inicialmente en la causa pero contra quien el fiscal no dirigió la acusación, presentase una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el magistrado, al que acusó de revelación de secretos.

Como consecuencia de ello, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó el 19 de octubre abrir un expediente al juez, cuya instrucción recayó en el magistrado Pablo Cachón, quien el 23 de enero pasado propuso un año de suspensión para Moreiras por un falta muy grave de revelación de secretos.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió el 8 de febrero imponer una multa de 300.000 pesetas a Moreiras por haber incurrido en una falta grave de revelación de secretos y no en una falta muy grave, lo que fue recurrido por el fiscal del caso y aún está pendiente de resolución.

Navalón también planteó la recusación de Moreiras alegando "enemistad manifiesta" de éste basándose en las declaraciones efectuadas a "ABC", que posteriormente fuerechazada por el juez Manuel García-Castellón.

Además, se querelló contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación por el "retraso malicioso" con el que, a su juicio, estaba instruyendo la causa, alegando que, pasados varios meses desde la presentación del escrito de acusación del fiscal, no había dictado el auto de apertura de juicio oral.

Sin embargo, esta querella fue archivada este mes por el Tribunal Supremo, que consideró que no existían indicios de la comisión de dicho delito or parte de Moreiras.

Mientras, el magistrado dictó el pasado 12 de marzo el auto de apertura de juicio oral contra Conde, Garro y Pericats por los delitos de los que les había acusado el fiscal e impuso al ex presidente de Banesto una fianza de 830 millones de pesetas y a los otros dos imputados otra solidaria de 44 millones en concepto de responsabilidad civil.