Esto podría suponer para Mario Conde una rebaja de dos años en la condena de seis años que le impuso el 20 de marzo de 1997 la Sala de lo Penal de la Adiencia Nacional, en la que le acusó de un delito de apropiación indebida de 600 millones de pesetas, además de otro delito de falsedad en documento mercantil.

Se trata de aplicar el artículo número 295 del vigente Código Penal, que tanto el fiscal como el abogado consideraron como "más adecuado" a las actuaciones de Mario Conde y que señala que "los administradores (...) que en beneficio propio o de un tercero (...) dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a crgo de ésta causando directamente un perjuicio económico (...), serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa de tanto al triplo del beneficio obtenido".

El abogado de Mario Conde expuso en algo más de tres horas las seis razones por las que su defendido consideraba que debía anularse la sentencia de la Audiencia Nacional. En primer lugar planteó que el caso retornara a la Audiencia Nacional y Mario Conde volviera a ser acusado, a la espera de una nueva comisión rogatori a Suiza.

García-Pablos insistió en varias ocasiones en que la comisión rogatoria fue solicitada por el propio Ministerio Fiscal y que nunca se llegó a terminar por diversas cuestiones y, por lo tanto, su cliente fue "seriamente perjudicado".

Reiteró que debe llegarse al fondo del destino de los 600 millones y conocer el paradero de los mismos y el porqué de los pagos realizados.

4 DELITOS

El fiscal le contestó que era cierto que el Ministerio Público había solicitado la comisión rogatoriay que también era cierto que había tenido serios problemas para realizarla, pero que, de haberse concluído, hubiera supuesta una condena para Conde por cuatro delitos y no por los dos por los que ahora esta condenado.

García-Pablos alegó ademas, en caso de que el Alto Tribunal no atendiera su primera solicitud, que se violó el derecho de su defendido a la presunción de inocencia, que no existe un delito de falsedad documental y que tampoco existe el delito de apropiación indebida.

El abogado termnó asegurando que "a juicio de mucha gente Mario Conde es el responsable de todos los males y las desgracias, incluso naturales, que ocurren en este país; el Tribunal no puede condenarle por ello".

Por su parte, el fiscal Villanueva rebatió una a una las solicitudes del abogado con quien, no obstante, sí coincidió en la solicitud de aplicar a las actividades del ex director de Banesto el delito de administración desleal o administración fraudulenta, enmarcado en el ámbito de los delitos societarios. En este sentido, el fiscal realizó incluso un recordatorio elogiando la actuación del magistrado que, en 1939, se encargó de subrayar la importancia de este delito.

JUICIO EN FAMILIA

Mario Conde llegó temprano a la Audiencia Nacional, acompañado de su mujer, Lourdes Arroyo, y sus dos hijos, Mario y Alejandra, a quienes a su vez acompañaba un amigo común.

Los tres hombres iban vestidos de traje y tanto Mario Conde como su hijo lucían abundante gomina en el pelo; las mujeres vestían un conjunt de falda y chaqueta. A su salida del Supremo, Conde señaló que la compañía de su familia era muy importante, "ya que se trata de una cuestión que afecta a toda la familia".

Además, alabó la exposición realizada por su abogado y pidió que se "deje en paz" al Supremo para que pueda trabajar y tomar una decisión final.

Así, tras algo más de cuatro horas quedó visto para sentencia el recurso de casación de Mario Conde contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a seis años de prisión Ahora, los cinco magistrados que componen la Sala (José Jiménez Villarejo, Luis Román Puerta, Enrique Bacigalupo, Gregorio García Ancos y Joaquín Martín Canivell), decidirán si atienden o no las solicitudes del ex banquero.