De acuerdo con estas fuentes, la vista oral contra el ex banquero, para el que el fiscal solicita 7 años de cárcel, se prolongará durante unos 15 días del mes de marzo y en ella comparecerán más de 40 testigos propuestos por las partes.

Además de Conde, también se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director general de Banesto Fernando Garro así como Lorenzo Pericats, para los que el fiscal solicitó también una pena de 7 años de prisión como autores de los prsuntos delitos de apropiación indebida y falsedad.

Según el escrito de acusación elevado por el fiscal al juez Miguel Moreiras, instructor de la causa, el pasado 10 de octubre, hasta la intervención de Banesto el 28 de diciembre de 1983, varios directivos de la entidad, junto con otras personas ajenas a la misma pero de común acuerdo, se dedicaron durante 1990 y 1991 "a obtener dinero del banco en beneficio propio y en perjuicio de los accionistas y depositantes", cobrando de Banesto importantes cantiades de dinero mediante la presentación de facturas falsas.

Una de las operaciones supuestamente delictivas ocurrió, según el fiscal, en julio de 1990 cuando Conde autorizó el pago de 600 millones de pesetas a Argentia Trust a cambio de una factura por esa cuantía en concepto de trabajos de carácter jurídico, financiero y de marketing que, sin embargo, "nunca fueron encargados ni tampoco realizados, siendo el contenido de la factura totalmente inauténtico".

El representante del ministerio públicoindicó que dicho dinero no se destinó, como dijo Conde, a pagar la concesión de exenciones fiscales sino que fue remitido a una cuenta en Suiza "desapareciendo a partir de ese momento cualquier rastro del dinero, no siendo tampoco ingresado en ninguna cuenta de Banesto, perjudicando a los accionistas de dicha entidad y beneficiándose del mismo el encausado Mario Conde".

El fiscal acusó a los otros dos encausados, Garro y Pericats, de haber participado en otra operación consistente en la emisión por pate de Banesto el 6 de marzo de 1991 de dos cheques por la cantidad de 22.400.000 pesetas cada uno a favor de "Publitax Publicidad S.A." por un estudio que, añade, nunca fue encargado.

Señaló que Pericats cobró las facturas en Banesto, pago al que dio el visto bueno Garro, a pesar de que conocía que las facturas no eran auténticas y que la Comisión de Seguimiento de Pagos y Control del Gasto de Banesto no las había autorizado. Por ello, agregó, el dinero fue en beneficio de los encausados.

INCIDENTES La instrucción del 'caso Argentia Trust' por parte del juez Moreiras ha estado plagada de incidentes desde que el fiscal elevó su escrito de acusación el pasado mes de octubre, en el que solicitó al magistrado que adoptase medidas personales contra los imputados, que no precisó.

Esta solicitud motivó que el juez dictase al día siguiente orden de ingreso en prisión contra Conde al que, sin embargo, dejó en libertad poco después tras tomarle declaración sin presencia del fiscal ni de las partes.

El juez pretendió además inculpar en el caso al intermediario Antonio Navalón y otras personas contra las que el fiscal no había formulado acusaciones, y retirar la imputación de apropiación indebida contra Conde y los delitos de los que el fiscal acusó a Garro.

Moreiras explicó días más tarde en una entrevista al diario "ABC" que su decisión de poner en libertad a Conde se debió a que éste le convenció de que no se había quedado con los 600 millones, sino que se los había entregado a Navalón para pgar al PSOE a cambio de exenciones fiscales para la Corporación Banesto.

Estas declaraciones provocaron que Navalón presentase una denuncia contra Moreiras ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por revelación de secretos que se saldó con una multa de 300.000 pesetas para el juez, a pesar de que el magistrado que instruyó el expediente había pedido un año de suspensión.

Además, Navalón también recusó a Moreiras por "enemistad manifiesta", lo que no prosperó, y se querelló contra él porun presunto delito de prevariación por el "retraso malicioso" con el que, a su juicio, tramitaba la causa, querella que fue archivada el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo.

Finalmente, el magistrado dictó el pasado 12 de marzo el auto de apertura de juicio oral contra Conde, Garro y Pericats por los delitos de los que les había acusado el fiscal e impuso al ex presidente de Banesto en concepto de responsabilidad civil una fianza de 830 pesetas y a los otros dos imputados otra solidaria de 44 mllones.