Arenas matizó, no obstante, que el PP agotará "todas las vías parlamentarias" (trámitación en el Congreso de los Diputados y Senado) antes de tomar esa decisión en firme.

La amenaza del PP se produce una semana después de que los diputados de la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios del Congreso que estudian en ponencia el proyecto de ley de reforma de la LOT recibieran un informe de los servicios jurídicos de las Cortes en el que se cuestiona la constitucionalidad de las ntenciones del Gobierno.

En concreto, el informe advierte que la intención del Ejecutivo de sancionar administrativamente la "interceptación" de telecomunicaciones sin autorización o la "divulgación, publicación o cualquier otro uso" (calificadas en el proyecto de infracciones "muy graves", sancionables hasta con el cierre de la emisora), choca con el principio constitucional de que no se puede penar dos veces un mismo delito.

Los letrados aconsejan que cualquier contencioso administrativo sobre sta cuestión quede en suspenso hasta que se pronuncien los tribunales, e incluso adelantan que la retirada de la licencia de emisión por sanción administrativa puede ser inconstitucional por suponer un "secuestro", prohibido por el artículo 20.5 de la Constitución.

El vicesecretario general del PP acusó hoy al Gobierno de confundir deliberadamente a la opinión pública intentando relacionar la solución al problema de escuchas telefónicas ilegales con el cierre de emisoras que emitan conversaciones, com la que mantuvo desde su coche el secretario de Organización del PSOE, José María Benegas, emitida posteriormente por la Ser.

"El Gobierno siempre ha minimizado el problema de las escuchas. Y que curioso es que, de pronto, Benegas va a los toros (el `número tres' del PSOE viajaba a Sevilla para presenciar una corrida cuando se grabó su conversación) y el Gobierno se lleva las manos a la cabeza", dijo Javier Arenas.

A su juicio, el Ejecutivo no hizo lo que debería, preocuparse por el secreto de la comunicaciones, sino que reaccionó enviando a las Cortes una reforma de la LOT "para que no vuelva a producirse lo que le ha pasado a Benegas".

"Los pinchazos no se arreglan coartando la libertad de expresión, la libertad de información, sino protegiendo eficazmente el secreto de las comunicaciones. Y para eso hay que dar ejemplo. Y se puede decir de este gobierno que, de alguna forma, ha tolerado escuchas ilegales con su absoluta pasividad", concluyó.

RTVE: QUE ACTUE EL FISCAL

Por otro lado, renas, que también es portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Control de RTVE en el Congreso de los Diputados, exigió que actúe el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, por si hubiera delito en la gestión del ente público durante los ejercicios de 1990 y 1991.

Recientemente han salido a la luz pública datos "reveladores", según el PP, de una auditoría realizada en RTVE por la Intervención General del Estado.

Arenas recordó, a este respecto, que cuando el PSOE estaba en la oposición en1980 y denunció a los directivos de RTVE en la etapa Arias-Salgado, el entonces fiscal general actuó de oficio.

A preguntas de los periodistas, el dirigente conservador aseguró que su partido todavía "no ha decidido" si llevará a los tribunales al director general de RTVE, Jordi García Candau, y al resto de la dirección de la empresa por supuestas irregularidades en los años 1990-91.

En cambio, el partido conservador sí ha decidido llevar a los tribunales a García Candau por la publicación la pasda semana en los principales diarios nacionales de un anuncio en el que niega esas irregularidades, reiteradamente denunciadas por el PP.

Según Arenas, en esos anuncios no se ofrecen sólo datos, sino que "se emiten permanentemente juicios de valor sobre las denuncias", por lo cual los servicios jurídicos del PP estudian en estos momentos si la publicación de ese anuncio a cargo de los fondos de RTVE es malversación de fondos o prevaricación.