Lo hizo en un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la materialización de este acuerdo y alertó del riesgo de que esta delegación de competencias “derive en una vulneración sistemática de los derechos” de los inmigrantes lgtbi, quienes “ya enfrentan “múltiples obstáculos en su proceso de integración”.

En ese sentido, el coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales, explicó que en Cataluña “ya se han impuesto requisitos adicionales a las personas migrantes, como la exigencia del catalán, sin considerar que la migración es un proceso complejo donde deben priorizarse necesidades urgentes como el acceso a vivienda, trabajo y asistencia sanitaria”.

Por ello, expuso la inquietud de su entidad por el hecho de que esta delegación de competencias “suponga un retroceso en la protección de los derechos de las personas migrantes lgtbi+, especialmente aquellas que buscan asilo por persecución en sus países de origen”.

También avisó de que esta decisión “podría sentar un precedente para que otras comunidades autónomas reclamen competencias similares, generando un sistema desigual en el que los derechos de las personas migrantes dependan de la comunidad en la que residan y del partido que la gobierne”.

Luis Fernando Rosales aseveró que “no podemos permitir que el acceso a la protección internacional, a la residencia o a la integración dependa de decisiones políticas que generen diferencias arbitrarias entre comunidades”.

Tras indicar que la Constitución y la legislación en vigor “garantizan la igualdad de derechos de las personas migrantes en España”, reclamó al Gobierno “garantizar que cualquier cambio en la gestión de las políticas migratorias respete los principios de igualdad y no discriminación, evitando barreras adicionales que dificulten la regularización y el bienestar de las personas migrantes, especialmente de aquellas que pertenecen al colectivo lgtbi+ y que han huido de sus países en busca de una vida digna y segura”.