El tribunal ha aplicado la pea mínima contemplada para este tipo de delitos pues, aunque considera probado que el sacerdote conocía la vinculación con ETA de Rekarte, al que ayudó en un programa de desintoxicación, su intención no fue la de favorecer la actividad terrorista sino que actuó bajo "una grave tensión psicológica" ante el conflicto de deberes (el moral y el jurídico) que le planteó la situación.

La sala ha valorado como pruebas inculpatorias las declaraciones efectuadas por el sacerdote ante la Guardia Civil y el juez nstructor, pese a que éste se negó a ratificarlas en el juicio oral, denunciando que había sido golpeado y sometido a presión psicológica.

Según la sentencia, los cuatro reconocimientos médico-forenses que le fueron practicados evidencian que no existió violencia física ni psíquica durante los interrogatorios, aunque el tribunal ordena al juzgado de instrucción que esclarezca el golpe en la cabeza denunciado por el sacerdote en el reconocimiento inicial.

De acuerdo con lo declarado en un principi, Treviño reconoció que supo por los medios de comunicación la relación de Rekarte con la organización terrorista cuando se desarticuló el "comando Donosti"en agosto de 1991, ya que su nombre e incluso su fotografía aparecieron en algunos periódicos locales, de los que se declaró habitual lector.

Asímismo este hecho fue muy comentado en la localidad guipuzcoana, de 60.000 habitantes, e incluso tuvo referencias a través de la madre del joven, catequista en la parroquia, quien le dijo que su hijo se haba marchado de casa.

Cuando el joven acudió a pedirle cobijo se negó a acogerle en su domicilio porque "no quería revivir situaciones pasadas" (el arcipreste pidió el traslado de su anterior destino en Azpeitia por sospechar que estaba sirviendo a los intereses de varios miembros de los Comandos Autónomos Capitalistas, entre ellos el etarra "Paterra"), ni comprometer su labor al frente de la parroquia porque siente "profundo repudio hacia cualquier forma de violencia".

El tribunal considera no obsante que fueron la "profundas relaciones de afecto personal" con el etarra, a quien se le imputan el asesinato de un narcotraficante en Irún en 1991 y la autoría del atentado de Santander días antes de su encuentro con el sacerdote, así como "humanos principios de solidaridad, potenciados por su condición de sacerdote" las razones que le impulsaron a acoger en la parroquia a los jóvenes.

Por ello, les permitió pernoctar en un local anexo a la parroquia "deparándoles igual acogida a la que habitualment dispensaba a pobres, toxicómanos, peregrinos e indomiciliados que se lo pedían", hecho que posteriormente puso en conocimiento del vicario general de San Sebastían, José Antonio Pagola, aunque la sala no estima probado que el obispo José María Setién llegara a saberlo.

Por otra parte, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy remitir al pleno de este organismo la queja presentada por el presidente del tribunal del "caso Treviño", José Antonio Jiménez Alfaro, quedenunció un posible ataque a la independencia de la sala.

Según el magistrado, una carta publicada en el diario ABC, firmada por un miembro de la junta de gobierno de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en la que censuraba la actitud mantenida por el tribunal durante el juicio, constituyó un intento de "influir en la decisión del tribunal".

Sin embargo, en la sentencia hecha pública hoy, la sala dice no haberse sentido condicionada por la repercusión informativa del caso, al entrar a anaizar una alegación planteada por la defensa del procesado que protestó por la existencia de "un juicio paralelo" en los medios de comunicación que podría influir en la resolución de la sala.

El pleno del CGPJ deberá estudiar ahora la denuncia presentada por el magistrado aunque, según fuentes del organismo, la cuestión no será planteada hasta el próximo mes de septiembre y es bastante improbable que pueda inducir a la anulación de la sentencia.