El Alto Tribunal ha entendido que "no se ha acreditado ni siquiera indiciariamente" que los hechos denunciados sean constitutivos del delito denuciado por el diputado melillense, puesto que hasta el 17 julio de 2000, se habían celebrado 27 sesiones plenarias resolutorias, una de control y una sobre el estado de la ciudad.

El querellante sostenía que la oposición había solicitado un pleno para debatir esta cuestión que debía haberse celebrado en el plazo de dos meses. El diputado acusaba al presidente de Melilla de no convocar plenos incumpliendo los artículos 40 y 75 de la normativa vigente de la Asamblea de esta ciudad.

De este modo, segn el Benítez se infringiría los derechos cívicos y obligaciones de los diputados locales de ejercer sus funciones, obstaculizando la convocatoria de los plenos.