Las asociaciones de mujeres denunciaron a Sanahuja por haber insinuado que habían aumentado las denuncias falsas de maltrato por parte de algunas mujeres al objeto de beneficiarse en los procesos de separación y divorcio.

Según un comunicado del CGPJ, las opiniones y manifestaciones públicas realizadas por la misma están amparadas en el derecho a la libertad de expresión, del artículo 24.2 de la Constitución Española.

La nota añade que "el único límite que jueces y magistrados tienen a dicho derecho es el de no poder revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas, de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, única conducta sancionable disciplinariamente", según se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En este sentido, añade que no se trata de este extremo en este caso, al ostentar María Sanahuja en la actualidad un cargo gubernativo de carácter jurisdiccionales, esto es, el decanato de Barcelona.