El juez Barbero, que se encargó de instruir el 'caso Filesa', denunció a Rodríguez Ibarra después de que éste le comparase con los terroristas de ETA, al afirmar que el magistrado trataba de intervenir en política al igual que hacen los etarras poniendo bombas, a raíz de unas actuaciones de arbero en relación con el 'caso Filesa', en vísperas de una campaña electoral.

Según el magistrado Santiago de Andrés, se trata de un problema de confrontación entre la libertad de expresión y el derecho al honor, y concluye que los políticos cuyas manifestaciones públicas sirven para formar opinión y son garantía del desarrollo libre del sistema social, deben encontrar protección en su libertad de hablar.

Para el magistrado, las palabras de Rodríguez Ibarra fueron una opinión crítica de un polítco en las cercanías de la campaña electoral, en un acto político y a preguntas concretas de los periodistas. Además, entiende que no se refirió a la justicia o injusticia de la resolución de Barbero, sino que criticó la oportunidad del momento político en el que fueron adoptadas las decisiones.

Para el instructor, aunque la frase de Rodríguez Ibarra pudiera ofender o molestar al juez Barbero, eso no significa que haya delito, entre otras cosas porque el presidente extremeño jamás atribuyó a Barbero lacomisión de prevaricación.

Frente al auto del magistrado Santiago de Andrés cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.