La principal crítica realizadapor el departamento de Carlos Solchaga al proyecto de Industria era que no tenía en cuenta las cargas fiscales y costes de notarías, registros mercantiles y de la propiedad a las que están obligadas las compañías eléctricas para proceder a la separación de las actividades de producción, distribución y comercialización que ahora realizan bajo una misma sociedad.

Con la futura ley, las empresas deberán agrupar en sociedades filiales diferentes sus negocios de producción, por un lado, y distribución y coercialización, por otro, pero no tendrán que pagar ni una peseta a Hacienda por las aportaciones dinerarias que deban hacer para consituir nuevas sociedades, en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Además, el proyecto de ley facilitado a Servimedia recoge una rebaja sustancial para los costes de notaría y registro mercantil y de la propiedad que acarrearía a las compañías eléctricas la constitución de las nuevas sociedades, al reducirlos al 10 por cien. La ley deja que buena parte de las medidas recogidas, incluida la propia separación de actividades de las empresas, sea regulada tras la aprobación del proyecto de ley mediante su desarrollo reglamentario, pero señala que las empresas deberán iniciar una contabilidad individual para cada negocio desde la entrada en vigor de la nueva normativa.

Esto obligará a las compañías eléctricas a realizar todas sus actividades de forma diferenciada, porque no podrán realizar transacciones económicas relativasa generación, transporte distribución y comercilización con los demás operadores del sector como si de una sóla sociedad "holding" se tratase.

NEGATIVA AL MOPT

Junto a las recomendaciones de Economía y Hacienda, el ministro Claudio Aranzadi también recibió una sugerencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que proponía crear una sóla empresa con mayoría de capital público que incluyera a las demás firmas privadas de generación; medida que Industria decidió desestimar por las fuerte protestas que levantaría en el sector.

La opción elegida por el Ministerio para ordenar el sector es la que impone a todas las compañías, públicas y privadas, la obligación de verter a la red nacional, gestionada por una empresa pública, toda su producción de electricidad, y que una corporación de derecho público venda esa energía a las comercializadoras, unas sociedades nuevas en el mercado español que se encargarán de llevar la energía desde las plantas de transformación hasta los consumidores.

Con las comercializadoras, según Industria, se pretende ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir que empresa quieren que les facture la energía que consumen, en función del servicio y prestaciones que estas les ofrezcan, por lo que la competencia será total.

Por su parte, la futura corporación intenta suplir a la empresa única que proponía el MOPT, pero sin lesionar el derecho de las empresas productoras que ya operan en España de seguir siendo sociedades anónimas y evitando las críticas de naionalización encubierta que podría acarrear una medida de esas características.