Con esas afirmaciones, Aranzadi terció en la polémica sobre el futuro de la empresa pública y el tipo de política industrial que necesita España, suscitado esta semana en las jornadas sobre "Elreto de la empresa pública industrial", organizadas por el INI y la Universidad Complutense.

Señaló que "no tiene sentido discutir si en España hace falta una política industrial o no, porque ya la hay y el Gobierno va a seguir aplicándola. El problema es saber a quién corresponde el protagonismo de mejorar la competitividad".

Citó el caso de Japón, una de las economías más competitivas del mundo, y afirmó que, mientras las aportaciones estatales para Investigación y Desarrollo (I+D) son las misms que en España (0,5 por ciento del PIB), las de las empresas privadas japonesas son seis veces mayores que las de las españolas (3 por ciento frente al 0,5 por ciento).

También opinó que "el coste del factor trabajo es fundamental en la mejora de la competitividad industrial", y dijo que si hay empresas extranjeras potentes que prefieren Portugal a España a pesar de ofrecer los mismos incentivos, como ocurrió con el consorcio Ford-Volkswagen, "es porque allí el coste del factor trabajo por persona esmás bajo".

NO SE TRATA DE PRIVATIZAR

El responsable de Industria afirmó también que el anuncio de segregar el INI en dos grupos de empresas, autofinanciadas y dependientes de las aportaciones del Estado, "ha sido mal interpretado", ya que no implica una preludio de la privatización de empresas públicas, como han dicho los sindicatos.

Respecto a la petición sindical de que el Estado negocie con las centrales esa segregación, Aranzadi indicó que el "Gobierno no tienen la obligación de negociar co los sindicatos, porque el plan no tiene repercusiones laborales de ningún tipo. Otra cosa es que se consulte el proyecto con ellos".

Explicó que la estrategia de separar las empresas rentables del INI de las que no lo son "es acertada y cuenta con el pleno apoyo del Ministrio de Industria", y aseguró que "ello no supone un cambio en la política de privatización del Instituto seguida hasta ahora".

No obstante, advirtió que las empresas públicas deben seguir los mismos criterios que las privadas e su gestión, maximizar sus beneficios, y añadió que "si un accionista privado garantiza mejor que el Estado la viabilidad y el futuro de una empresa del INI, lo que habrá que hacer con ella es privatizarla".

"Esto no significa", continuó, "que se vaya a aplicar una nueva política de reconversión industrial en sectores como la siderurgia integral y aceros especiales. Lo que hará falta serán políticas de intensos ajustes y reestructuración que minimicen la aportación de recursos públicos y la vuelta a l rentabilidad".

Según Aranzadi, las empresas que reclamen ayudas financieras del Estado deberán presentar planes de reestrucuturación adecuados y racionales que los justifiquen y "las que no lo hagan, no tendrán aportaciones de recursos públicos, con todo lo que ello significa".