La principal acusación se dirige hacia el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) a quienes Aralar acusa de "azuzar a las administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar una manifestación ilegalmente prohibida", según manifestó Zabaleta a Servimedia.

El líder de Aralar pidió, por tanto, que no se produzcan responsabilidades hacia los líderes de la ilegalizada formación y exigió que las únicas depuraciones que se produzcan sean: "la autocrítica del tripartito vasco, la crítica por incompetentes al PP y al PSOE y la crítica por la actitud de confrontación de Batasuna".

Zabaleta opinó que una vez conocida la resolución del Tribunal Superior de Justicia, Batasuna debió haber desconvocado la manifestación porque "era evidente cuál iba a ser la respuesta de la Ertzaintza".

Finalmente, Aralar aseguró que en el mes de septiembre promoverá una movilización pública de todas las fuerzas del País Vasco en defensa de los tres derechos fundamentales, que son, dijo "el derecho de todas las personas, de todas las ideas y de todos los proyectos".