La CUP tomó esta decisión después de que los Mossos d’Esquadra detuvieran a cuatro activistas en defensa del derecho a la vivienda. En un comunicado subrayó que el Ejecutivo catalán no puede seguir tratando la “emergencia habitacional” como un “problema de orden público” y enviando a los Mossos a participar en los desahucios.

Además, en el comunicado aseguró que su partido no comparte el enfoque de la legislatura actual de Junts y ERC, ya que la CUP llegó a unos compromisos de mínimos en relación a la protección del derecho a la vivienda que los hechos constatan que a día de hoy “no solo no se están cumpliendo, sino que van en la dirección contraria”.

Por ello, Aragonès iniciará mañana la ronda de reuniones con Junts y acabará con ERC. El objetivo de las mismas es remarcar la importancia de reforzar la “unidad independentista”, sobre todo a las puertas del primer aniversario de las elecciones del 14 de febrero, donde las fuerzas independentistas consiguieron la “más amplia mayoría” en votos y escaños.

Asimismo, abogó por seguir trabajando desde el Parlament de Cataluña en cómo avanzar en la resolución del “conflicto político” mediante la amnistía y la autodeterminación, ya que la “represión” contra el independentismo “sigue muy vigente”. Un tema que estará encima de la mesa en las reuniones previstas para mañana.

Asimismo, el Gobierno catalán señala en una nota que está comprometido con el derecho a la vivienda, una “prioridad” en esta legislatura, así como con la lucha contra las desigualdades y por los derechos de la ciudadanía. En este sentido, pone en valor el trabajo y la coordinación que se está haciendo con las formaciones que facilitaron la investidura de Aragonès.