El Ejecutivo que preside Marcelino Iglesias había encargado un informe sobre el real decreto ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.

El informe, difundido por el Gobierno aragonés, concluye que "no concurren causas que justifiquen la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley".

Detalla el informe de los Servicios Jurídicos que la medida adoptada para abastecer Barcelona "no es un trasvase ni una transferencia de recursos hídricos", que el real decreto ley "garantiza que se trata de medidas excepcionales y urgentes" y que "no se efectúa ningún incremento de volúmenes de agua del Ebro a las cuencas internas de Cataluña".

De igual modo, resuelve que la infraestructura prevista desde Tarragona hasta el área metropolitana de Barcelona "no afecta" a la Comunidad Autónoma de Aragón ni a la demarcación hidrográfica del Ebro "y por tanto no es preceptiva la emisión del informe previo".

En relación a la cesión de derechos al uso del agua, recogidas en el artículo 3 del real decreto ley, el informe señala que Aragón deberá informar preceptivamente sobre cualquier contrato de cesión de derechos que se pretenda, de acuerdo al artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía.