Esta reforma, impulsada por la Ley 3/2024, adapta el derecho foral aragonés a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, convirtiendo a Aragón en la primera comunidad autónoma en hacerlo.

La ley reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas, eliminando todas las referencias a personas “incapacitadas”. En su lugar, se introduce la curatela como medida de apoyo flexible, ajustándose a las necesidades individuales y eliminando las tutelas para mayores de edad. Además, se potencia el principio de intervención mínima, facilitando el uso de medidas de apoyo en situaciones cotidianas, especialmente a través de la figura de la guarda de hecho.

“Se hace imprescindible legislar para desarrollar, profundizar y actualizar el derecho vigente a los tiempos y a las demandas actuales de la sociedad”, destacó José María Fuster al recalcar que “nos encontramos ante una reforma del Código de Derecho Foral Aragonés de una calidad técnica indiscutible, que ha sabido combinar el cambio de paradigma recogido en la normativa internacional en materia de discapacidad, con el más profundo respeto por las instituciones tradicionales contempladas en nuestro Derecho”.

La Comisión Aragonesa de Derecho Civil, responsable de la redacción del anteproyecto, se reunió en 56 ocasiones para desarrollar esta modificación, la cual fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón el pasado 13 de junio de 2024 y su entrada en vigor el 15 de julio.