El Gobierno autonómico estima oportuno interponer recurso de inconstitucionalidad por entender que la regulción que contempla "invade las competencias de Aragón en materia de Urbanismo".

Asimismo, el Ejecutivo aragonés estima que dicho decreto-ley supone una modificación "unilateral" por parte del Gobierno del Estado de lo dispuesto en la citada ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, "que no respeta la competencia en materia de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Aragón que, por otra parte, no ha sido consultada en la adopción de estas medidas".

Por último, considera que la utilización del pocedimiento de decreto-ley "adolece falta de adecuación a la exigencia constitucional de la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que se alega en el texto".