Según informó hoy el Gobierno que preside el socialista Marcelino Iglesias, el Estado dispone ahora de un mes para responder a este requermiento y, en caso de que lo haga de forma negativa para Aragón, esta comunidad podría llevar la nueva normativa hasta el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo aragonés considera que el nuevo Real Decreto sobre formación continua "vulnera el orden competencial" establecido por la Constitución Española y por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional "generando un vaciamiento de la competencia autonómica".

Tanto la Constitución como el Alto Tribunal, según el gobierno aragonés, consideran qe la formación profesional continua "ha de encuadrarse en la materia laboral y que corresponde a las comunidades autónomas la función ejecutiva de las normas estatales", lo que no tiene reflejo en la nueva normativa, sino todo lo contrario.

Este paso dada por Aragón podría ser seguido por otras comunidades socialistas como Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, que ya anunciaron que la nueva normativa era contraria al actual marco competencial. También se pronunciaron en este sentido los ejecutios de Vitoria y Barcelona, mientras que el Gobierno popular de Manuel Fraga también puso algunos reparos.