La finalidad de esta futura ley es la adopción de medidas integrales dirigidas a la sensibilización, prevención y atención para la erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la protección y asistencia a las víctimas. Además, ofrece una visión integral y globalizadota para establecer medidas desde todos los ámbitos.

Como novedad, la nueva norma entiende por violencia ejercida contra las mujeres todo acto o agresión contra las mismas, así como las agresiones a su libertad e indemnidad sexuales, incluida la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, y se realice al amparo de una situación de debilidad, dependencia o proximidad física, psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor.

Para el Ejecutivo que preside Marcelino Iglesias, este concepto es "mucho más ambicioso porque se amplía el ámbito de protección y asistencia a la mujer, más allá del concepto legal de violencia de género que establece en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".

En la Ley estatal se define como violencia de género aquélla ejercida sobre la mujer por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

La ley aragonesa aspira a otorgar una protección más completa y general frente a cualquier tipo de violencia de la que es o puede ser víctima una mujer. Así, se potencian los servicios y programas que ya existen y se ponen en marcha nuevas actuaciones que impliquen tanto a los poderes públicos, como a la sociedad ante un compromiso solidario contra cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Al respecto, el texto elaborado por el Instituto Atagonés de la Mujer incluye las situaciones de violencia laboral o docente y de violencia social como situaciones de violencia ejercida contra las mujeres.