Biel señaló que se trata de un conflicto en el seno de la Iglesia y que a ella corresponde únicamente resolver este problema, por lo que ha solicitado que los poderes públicos se mantengan al margen y respeten las decisiones que ha adoptado la Iglesia católica, en alusión a la Generalitat catalana.

El portavoz del Ejecutivo aragonés dice que existen reiteradas sentencias de los tribunales eclesiásticos que determinan "sin ningún género de dudas" que la propiedad de los bienes corresponde a las parroquias aragonesas a las que deberán volver en el plazo de treinta días, tal y como establece el acuerdo firmado ayer por los obispos ante el Nuncio de su santidad en España, Manuel Monteiro.

Biel recuerda que desde hace tres años, la Congregación para los Obispos ya emitió un decreto que ordena con carácter urgente la devolución de los bienes a su parroquias originarias, ratificado por el Supremo Tribunal para la Signatura Apostólica, lo que agota la vía de recurso.

"Los bienes son de la Iglesia, y la Iglesia ha resuelto dónde deben de estar", dijo, por lo que espera que ahora no existan injerencias por parte de las instituciones catalanas que dilaten el retorno de los bienes "a sus legítimos propietarios".