Se trata de una ampliación de competencias, en materia de funcionarios de habilitación estatal, hasta ahora en manos del Ministerio de Administraciones Públicas, que asume Aragón en virtud del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, en vigor desde mayo del pasado año.

El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, dispone así de mayor capacidad de organización y planificación en lo que se refiere a la dotación de secretarios, interventores-tesoreros y secretarios-interventores a las entidades locales aragonesas, en los que recae gran parte del peso de la gestión administrativa de los consistorios y del servicio público que se ofrece al ciudadano, según informó hoy en una nota.

De este modo, la Comunidad Autónoma se responsabiliza de la oferta de empleo, de su convocatoria y de la selección de estos trabajadores, conforme a los títulos académicos requeridos y programas mínimos aprobados reglamentariamente por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Además, el Ejecutivo autónomo gestionará los cursos de formación destinados a este colectivo para mejorar la cualificación y preparación profesional de estos empleados ubicados a lo largo de todo Aragón.