El documento aspira a hacer "más dinámico" el funcionamiento del sistema con el fin de que éste se adapte con mayor celeridad y realismo a los cambios que se van produciendo en las condiciones de todas comunidades en variables como la población, por ejemplo, según informan fuentes gubernamentales.

Respecto a los criterios que el actual modelo aplica en esta materia, el Gobierno de Aragón defiende que su peso es ya importante, pero también suficiente en la valoración de las necesidades de las comunidades y se muestra contrario a aumentar la importancia de la población en las asignaciones.

La premisa fundamental del plan aragonés es que ninguna Comunidad Autónoma pierda financiación con la reforma y que el cambio pueda formalizarse por unanimidad entre todas ellas o, en su caso, por la mayoría más amplia posible.

En función de la defensa de los principios recogidos en el Estatuto de Aragón, el Gobierno autonómico defiende la creación de una agencia tributaria consorciada entre la Comunidad y el Estado siempre que ésta se base en un modelo de eficiencia económica y colaboración interinstitucional.

Larraz pretende que en la negociación, que se iniciará en las próximas semanas con todas las comunidades y el Gobierno central, se aumente la cesión de tributos a Aragón.